En su publicación, la CNMC reconoce que el turismo y el transporte son dos de los sectores que más han notado el impacto de las relaciones online ‘peer to peer’ o entre iguales y subraya que “en España aún no ha habido una respuesta normativa de las autoridades para hacer frente a este fenómeno”. A ello añade que “una regulación innecesaria o desproporcionada perjudicaría a los consumidores y al interés general, además de suponer un obstáculo a la competencia efectiva”.
En opinión del regulador, este tipo de actividad económica tiene ventajas “indudables”. Entre ellas, señala que “obliga a los proveedores tradicionales a innovar y a reducir sus márgenes y precios”, reduce los costes de transacción, que tiene “efectos medioambientales positivos al crear una economía basada en el acceso a los servicios y no tanto en la propiedad de los bienes”, aumenta la oferta para el consumidor y da “mayor facilidad para detectar bases imponibles por parte de las administraciones tributarias”.
José María Marín Quemada, presidente del organismo, dijo recientemente en un seminario de la UIMP que “prohibir es una herramienta excesivamente fácil” y que precisa de “especial cuidado”. En el blog de Competencia se va más allá y se recomienda como “solución óptima” para algunos casos “la ausencia de regulación. También carga contra ciertas posturas patronales al afirmar que “si se diera una respuesta regulatoria, se debe primar el interés general, no el interés de un grupo de operadores económicos”. En adición, aconseja dar una “respuesta regulatoria proporcionada si existen fallos de mercado (externalidades, información asimétrica…)” y manifiesta que “la respuesta por parte de las autoridades no tiene por qué consistir en más regulación para los nuevos entrantes, sino que podría centrarse en reducir los requisitos para los operadores tradicionales cuando estos requisitos sean innecesarios o desproporcionados”. Sobre el alojamiento turístico en concreto, la CNMC afirma: “Las nuevas tecnologías proporcionan sistemas de evaluación mutua entre usuarios y proveedores, que pueden reducir la asimetría informativa”. A modo de colofón, concluye que “una regulación ineficiente podría quedar rápidamente obsoleta y perjudicar posibles ventajas competitivas de España o de las Comunidades autónomas”.
Respecto al nuevo decreto de la Comunidad de Madrid, que aún no está en vigor al no haberse publicado en el BOCM, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) y la Asociación de Gestores de Vivienda de Uso Turístico (Asotur) están estudiando tomar medidas legales para que se modifique el texto. En especial, critican que se imponga la obligación de exigir un mínimo de cinco noches de estancia a los clientes de pisos turísticos, porque entienden que eso dejaría en la ilegalidad al 80% de la oferta, que tiene una media de 3’2 días de estancia.